En julio de 1975, dos publicaciones que nadie había visto antes y que nadie volvería a ver después aparecieron simultáneamente en Brasil y Argentina. Una se llamaba O Dia. La otra, LEA. Ninguna tenía redacción verificable, dirección física comprobable ni historial periodístico de ningún tipo. Pero ambas publicaron, casi al mismo tiempo, listas con 119 nombres de "extremistas chilenos" supuestamente muertos en enfrentamientos guerrilleros en el exterior.
Los medios chilenos afines al régimen de Augusto Pinochet reprodujeron las listas sin verificar un solo nombre. La Segunda tituló el 24 de julio de 1975: "Exterminados como ratones." El mensaje para las familias que llevaban meses buscando a sus hijos, hermanos y parejas era claro: dejad de buscar. Murieron peleando en otro país. El caso está cerrado.
Había un problema con esa historia. Era completamente falsa.
Los 119 no murieron en Argentina ni en Francia. Fueron detenidos, torturados y ejecutados en recintos clandestinos en Chile. Varios de sus restos aparecerían décadas después en Villa Grimaldi y otros centros de exterminio de la DINA. La operación no fue un error de inteligencia ni una coincidencia editorial. Fue una operación de desinformación coordinada entre los servicios secretos de Chile, Argentina y Brasil, diseñada con un objetivo preciso: hacer desaparecer a 119 personas dos veces. La primera, secuestrándolas. La segunda, inventando su muerte en otro lugar.
Operación Colombo es uno de los casos más documentados de propaganda de Estado en la historia de América Latina. Y uno de los menos conocidos fuera de ella.
🔒 La Maquinaria que Necesitaba una Coartada
La DINA y el problema de los testigos
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado derrocó al presidente Salvador Allende. En los meses siguientes, la represión fue masiva y visible: estadios convertidos en campos de detención, fusilamientos documentados, miles de detenidos. Pero hacia 1974, el régimen de Pinochet refinó su metodología. La violencia masiva y visible generaba demasiada atención internacional. La solución fue la desaparición forzada: detener en secreto, torturar en recintos clandestinos, ejecutar sin registro y eliminar los cuerpos.
Para ejecutar ese sistema, Pinochet creó en 1974 la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, bajo el mando del general Manuel Contreras. La DINA no era una policía política ordinaria. Era una estructura de exterminio con autonomía operativa directa del presidente, presupuesto propio y una red de recintos clandestinos distribuidos por todo Chile. El más notorio, Villa Grimaldi en las afueras de Santiago, procesó a miles de detenidos entre 1974 y 1977. La mayoría nunca salió.
El problema estructural de la desaparición forzada, como método, es que deja testigos. Los vecinos que vieron el arresto. Los familiares que presentaron recursos de amparo. Los compañeros que reconocieron a los agentes. Y, sobre todo, los organismos internacionales que comenzaban a documentar casos con nombres, fechas y circunstancias. Para 1975, Amnistía Internacional, la Cruz Roja y varios gobiernos europeos tenían expedientes abiertos sobre decenas de chilenos desaparecidos.
Los 119 casos que no podían ignorarse
Entre los miles de casos de detenidos desaparecidos bajo la DINA, 119 tenían una característica que los hacía especialmente incómodos para el régimen: estaban documentados con una densidad que dificultaba el silencio.
Eran en su mayoría militantes jóvenes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Comunista, detenidos entre 1974 y 1975. Sus detenciones habían ocurrido con testigos. Sus familias habían presentado recursos de amparo ante los tribunales chilenos —que el régimen ignoró sistemáticamente— y denuncias ante organismos internacionales. Varios casos habían llegado a medios de prensa extranjeros. Las familias estaban organizadas, eran persistentes y tenían respaldo internacional creciente.
Según documenta el Informe Rettig —la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que investigó los crímenes de la dictadura entre 1990 y 1991— estos 119 casos representaban un nudo jurídico y político que la DINA necesitaba desatar. No podía reconocer las detenciones. No podía presentar cuerpos. No podía explicar qué había ocurrido. La solución que diseñó fue, en su lógica perversa, elegante: si no podía explicar su muerte en Chile, los mataría oficialmente en otro lugar.
El arquitecto: Manuel Contreras y la coordinación regional
Manuel Contreras, director de la DINA, era el interlocutor central de lo que en esos años comenzaba a tomar forma como el Plan Cóndor: el acuerdo de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Argentina bajo Isabel Perón —y pronto bajo Videla—, Brasil bajo Geisel, Uruguay bajo Bordaberry, Paraguay bajo Stroessner. Todos compartían el mismo enemigo declarado: la izquierda latinoamericana. Y todos tenían servicios de inteligencia dispuestos a cooperar.
Operación Colombo requería esa infraestructura. Para fabricar muertes creíbles en Argentina y Brasil, necesitaba la complicidad activa de los servicios de inteligencia de esos países. Según los documentos desclasificados del Departamento de Estado americano —disponibles en el National Security Archive de Washington— la operación involucró coordinación directa entre la DINA chilena, la SIDE argentina y el SNI brasileño. El historiador John Dinges en The Condor Years la describe como uno de los primeros casos documentados de operación psicológica coordinada entre los servicios del Cono Sur, ejecutada meses antes de que el Plan Cóndor se formalizara oficialmente en noviembre de 1975.
En ese sentido, Colombo no fue solo una operación de encubrimiento. Fue el ensayo general del sistema.
🗞️ Dos Revistas Fantasma y Una Mentira Coordinada
Las publicaciones que nadie había visto
La mecánica de la operación era, en apariencia, simple. Para que la narrativa de las muertes en el exterior fuera creíble, necesitaba un soporte documental: algo que los medios chilenos pudieran citar como fuente. Ese soporte no podía venir de medios conocidos —ninguna redacción verificable publicaría listas de muertos sin evidencia—, así que la DINA creó los soportes que necesitaba.
En julio de 1975 aparecieron dos publicaciones hasta entonces desconocidas. O Dia, supuestamente brasileña, y LEA, supuestamente argentina. Ambas publicaron listas casi idénticas de 119 "extremistas chilenos" muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Argentina o en supuestos operativos en Francia. Las listas incluían nombres reales: los mismos 119 que las familias llevaban meses buscando en Chile.
Ninguna de las dos publicaciones resistió el más básico escrutinio periodístico. No tenían dirección editorial verificable. No tenían redactores identificados. No tenían historial de publicaciones anteriores. No existían registros de distribución comercial. Como documentó posteriormente la investigación del juez Juan Guzmán Tapia, quien instruyó el caso décadas después, ambas publicaciones fueron creadas específicamente para esta operación y desaparecieron tras cumplir su función.
La amplificación: El Mercurio y La Segunda hacen el trabajo
Una operación de desinformación necesita dos piezas: la fuente fabricada y el amplificador con credibilidad. Las revistas fantasma eran la primera pieza. El Mercurio y La Segunda fueron la segunda.
La Segunda publicó el 24 de julio de 1975 un titular que sintetizaba el mensaje que el régimen quería instalar: "Exterminados como ratones." La nota presentaba las listas como información verificada sobre chilenos muertos en el exterior. No había verificación. No había contraste con fuentes independientes. No había ninguna pregunta sobre el origen de las publicaciones que supuestamente respaldaban la información. Solo la reproducción directa de una narrativa que convenía al poder.
El Mercurio, el diario de mayor circulación y prestigio del país, siguió la misma línea. Su colaboración con el régimen no era nueva ni accidental: el Informe Church del Senado de Estados Unidos, publicado ese mismo año de 1975, documentó que la CIA había financiado a El Mercurio desde principios de la década para desestabilizar al gobierno de Allende. El diario era, en la práctica, parte del ecosistema informativo que sostenía el relato de la dictadura. Su reproducción de las listas de Colombo fue la pieza que convirtió una falsificación en noticia oficial.
Ningún periodista chileno que publicó o reprodujo esas listas verificó una sola de las 119 muertes. Ninguno fue al lugar donde supuestamente habían ocurrido los enfrentamientos. Ninguno intentó contactar a autoridades argentinas o brasileñas para confirmar los hechos. Y ninguno, en los años posteriores, rindió cuentas públicas por ello.
La respuesta que la DINA no esperaba
La operación tenía un objetivo claro: cerrar casos, silenciar familias y desactivar la presión internacional. En los dos primeros objetivos fracasó casi de inmediato.
Las familias de los 119 rechazaron la versión oficial desde el primer día. Muchas de ellas habían visto el arresto de sus familiares con sus propios ojos. Tenían fechas, nombres de agentes, descripciones de vehículos. Sabían que sus hijos o hermanos habían sido detenidos en Chile, no muertos en Argentina. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció públicamente la falsificación y la presentó ante organismos internacionales como prueba adicional —no de las muertes en el exterior, sino del carácter sistemático y planificado de la represión.
El efecto fue el contrario al buscado: en lugar de cerrar los casos, Operación Colombo generó mayor organización entre los familiares, mayor atención de organismos internacionales y, a largo plazo, un registro documental más sólido de la operación misma. La DINA había fabricado evidencia que, con el tiempo, se volvería contra ella.
👤 Los 119: Lo que la Justicia Encontró Décadas Después
Nombres detrás de las listas
Los 119 no eran una abstracción estadística. Eran personas con nombres, familias, historias y, en muchos casos, testigos directos de su detención que contradecían punto por punto la versión oficial.
El perfil general era consistente: jóvenes de entre 20 y 35 años, en su mayoría universitarios o con formación técnica, militantes del MIR o del Partido Comunista. Muchos habían intentado mantenerse en la clandestinidad tras el golpe. Varios habían regresado a Chile desde el exilio convencidos de que podían organizarse internamente. Esa decisión les costó la vida.
Los archivos de la Vicaría de la Solidaridad —el organismo de la Iglesia Católica chilena que durante la dictadura documentó sistemáticamente las violaciones de derechos humanos y que hoy constituye uno de los archivos históricos más importantes de América Latina— contienen fichas individuales de cada uno de los 119. En decenas de casos, esas fichas incluyen testimonios de testigos presenciales del arresto, descripciones de los agentes y vehículos involucrados, y registros de los recursos de amparo presentados ante tribunales chilenos que el régimen ignoró.
Ninguno de esos testimonios apuntaba a Argentina ni a Francia. Todos apuntaban a Chile.
La refutación forense: los cuerpos estaban aquí
La confirmación definitiva de que Operación Colombo fue una falsificación no vino de los archivos ni de los testimonios. Vino de la tierra.
El juez Juan Guzmán Tapia, quien instruyó durante años los casos de crímenes de la dictadura chilena, estableció mediante investigación judicial y evidencia forense que varios de los 119 supuestamente "muertos en el exterior" habían sido ejecutados en recintos de detención chilenos. Sus restos —o parte de ellos— fueron encontrados en sitios de exterminio de la DINA en territorio chileno: Villa Grimaldi, en las afueras de Santiago; Colonia Dignidad, el enclave alemán en el sur del país que funcionó como centro de tortura y ejecución; y otros sitios identificados durante las investigaciones.
Ese hallazgo es la refutación forense más contundente posible de la operación. Los "muertos en Argentina" tenían sus restos en Chile. Las "víctimas de enfrentamientos en Francia" habían sido ejecutadas a kilómetros del centro de Santiago. La narrativa fabricada por la DINA no solo era falsa: era verificablemente falsa, con evidencia física que la contradecía.
Varios ex agentes de la DINA fueron procesados y condenados en relación con estos casos en los años 2000 y 2010, tras décadas de impunidad. Manuel Contreras, el arquitecto del sistema, murió en 2015 cumpliendo condenas por múltiples crímenes de lesa humanidad, sin haber revelado la totalidad de lo que sabía sobre el destino de los desaparecidos.
📊 Versión Oficial vs. Verdad Judicial: El Contraste
| Elemento | Versión DINA / medios oficiales (1975) | Lo que estableció la investigación judicial |
|---|---|---|
| Causa de muerte | Enfrentamientos armados en el exterior | Ejecución extrajudicial en recintos chilenos |
| Lugar de los hechos | Argentina y Francia | Villa Grimaldi, Colonia Dignidad y otros recintos en Chile |
| Fuente de la información | Revistas O Dia y LEA, sin origen verificable | Publicaciones fabricadas por la DINA para la operación |
| Verificación periodística | Ninguna: reproducción directa sin contraste | Refutación forense y documental completa |
| Estado judicial de los casos | "Cerrados": muertos en combate en el exterior | Crímenes de lesa humanidad; varios agentes condenados |
| Responsabilidad mediática | Ningún medio rindió cuentas públicamente | Complicidad documentada; sin consecuencias formales |
🌐 El Manual que Nadie Quiere Reconocer
Los cinco pasos del encubrimiento perfecto
Operación Colombo no fue una improvisación. Fue un procedimiento. Y su estructura revela un manual de encubrimiento estatal que, con variaciones de contexto, se ha repetido en otros países y otros momentos.
El primer paso es cometer el crimen y eliminar la evidencia física: detención clandestina, ejecución sin registro, destrucción o ocultamiento de los cuerpos. El segundo es fabricar una narrativa alternativa que sea internamente coherente y dirigida al público afín: no "los desaparecimos", sino "murieron combatiendo en otro país, eran terroristas." El tercero es crear soportes documentales de baja credibilidad pero suficientes para la cadena de amplificación: las revistas fantasma cumplen esa función. El cuarto es usar medios con mayor alcance y credibilidad para dar legitimidad institucional a la narrativa fabricada. El quinto, y más importante, es usar esa narrativa para invalidar jurídicamente las denuncias: si están muertos en Argentina, no hay detenido desaparecido en Chile; no hay crimen que investigar aquí.
Cada uno de esos pasos requirió decisiones concretas de personas concretas. No fue el régimen como abstracción. Fueron Contreras firmando órdenes, editores decidiendo publicar sin verificar, agentes de tres países coordinando la logística de una mentira.
El Mercurio: la pregunta que Chile todavía no ha respondido
La complicidad de El Mercurio con la dictadura chilena está documentada desde múltiples fuentes. El Informe Church del Senado americano de 1975 —el mismo año de Operación Colombo— estableció que la CIA había financiado al diario durante los años de Allende para sostener una línea editorial de desestabilización del gobierno democrático. Esa relación no terminó con el golpe: se transformó en colaboración activa con el régimen instalado.
La pregunta que la sociedad chilena nunca ha respondido con suficiente claridad es si la reproducción de las listas de Colombo fue negligencia periodística o complicidad activa. La diferencia no es menor. La negligencia implica un fallo profesional. La complicidad implica participación en un crimen de Estado.
Lo que sí está documentado es que El Mercurio tenía los medios para verificar —y no verificó. Tenía la capacidad de preguntar de dónde venían esas revistas —y no preguntó. Tenía la posibilidad de contrastar con los testimonios de las familias que llevaban meses denunciando públicamente las desapariciones —y no contrastó. En ese silencio activo, convirtió una falsificación en noticia.
El patrón que no envejeció
Sería cómodo presentar Operación Colombo como una anomalía histórica: algo que solo podía ocurrir en la brutalidad específica de las dictaduras latinoamericanas de los años 70. Esa comodidad es falsa.
El mecanismo estructural —fabricar una narrativa alternativa sobre la muerte o paradero de víctimas de crímenes de Estado, amplificarla con medios colaboradores y usarla para invalidar denuncias— no desapareció con las dictaduras del Cono Sur. Se ha documentado en contextos posteriores, con tecnologías distintas y actores distintos, pero con la misma lógica: el crimen no basta; hay que administrar también su relato.
Lo que hace a Colombo especialmente relevante hoy no es su brutalidad, sino su nivel de documentación. Tenemos los memorandos. Tenemos las resoluciones judiciales. Tenemos los restos. Tenemos el registro de qué medios publicaron qué y cuándo. Rara vez la historia nos da una operación de desinformación de Estado tan completamente desmantelada, con todas sus piezas visibles.
Eso la convierte en algo más que un caso histórico. Es un instrumento de lectura para entender cómo funciona el poder cuando necesita que sus crímenes no existan.
Si los medios que en 1975 publicaron listas de muertos fabricadas nunca rindieron cuentas, ¿qué garantiza que el mismo mecanismo no funciona hoy con otras víctimas, otros crímenes y otras pantallas?
💬 Tu Turno
¿Sabías que las dos revistas que publicaron las listas de los 119 fueron creadas específicamente para esta operación y nunca pudieron ser identificadas como medios reales? ¿Crees que los periodistas y editores que reprodujeron esas listas sin verificar una sola muerte tienen responsabilidad en lo que ocurrió? ¿Conoces otros casos en los que un Estado haya fabricado la muerte de sus propias víctimas para encubrir crímenes?
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