La guerra del agua en Palestina: cómo Israel convirtió los acuíferos en una herramienta de apartheid
Un colono israelí en las afueras de Ariel, en Cisjordania ocupada, riega su jardín. Su piscina lleva agua todo el verano. Consume, en promedio, 369 litros de agua al día. A cinco kilómetros, una familia palestina en Salfit recibe 73 litros por persona — menos de las tres cuartas partes del mínimo que la Organización Mundial de la Salud considera necesario para una vida digna. La diferencia no es geográfica. No es climática. No es técnica. Es política.
Israel es aplaudido en foros internacionales por su ingenio hídrico: el riego por goteo, la desalación, la reutilización de aguas residuales. Maravilla tecnológica del desierto, dicen. Lo que no dicen es que esa misma tecnología coexiste con la destrucción sistemática de cisternas palestinas, el veto a la construcción de pozos en territorio ocupado y un acuífero en Gaza que la ONU declaró prácticamente irrecuperable. Eso no es escasez. Es arquitectura.
El control del agua en los territorios palestinos ocupados no es un efecto secundario de la ocupación: es uno de sus instrumentos más eficaces y menos visibles. Este artículo documenta cómo funciona ese control, qué lo hace posible, y por qué el mundo que condena a Rusia por atacar infraestructura hídrica en Ucrania mira hacia otro lado cuando el perpetrador es un aliado estratégico.
💧 El agua que no es tuya: cómo Oslo entregó los acuíferos a Israel
El reparto que nadie te explicó: Oslo II y el Anexo III
En septiembre de 1995, israelíes y palestinos firmaron el llamado Acuerdo de Oslo II. El mundo lo celebró como un paso hacia la paz. Enterrado en su Anexo III, sin titulares ni celebraciones, quedaba el reparto del agua: el recurso que, en una región árida, equivale al futuro.
El acuerdo creó el Comité Conjunto del Agua (JWC), un organismo de gestión bilateral presentado como modelo de cooperación técnica. La realidad del reparto fue otra. El principal recurso hídrico de Cisjordania, el Acuífero Montañoso Occidental, produce alrededor de 679 millones de metros cúbicos al año. Israel se reservó el acceso al 80%. A los palestinos les correspondió el 20% restante — en un territorio que en 1995 ya albergaba más de dos millones de personas.
El Banco Mundial documentó en su informe de 2009 sobre restricciones al sector hídrico palestino que ese reparto, pensado como transitorio, lleva tres décadas congelado. Lo provisional se volvió permanente sin que ningún titular lo anunciara.
El veto permanente: ningún pozo sin permiso israelí
El JWC funciona sobre papel con paridad: ambas partes tienen el mismo número de representantes. En la práctica, cualquier decisión requiere consenso, lo que otorga a Israel un veto efectivo sobre toda infraestructura hídrica palestina en Zona C — el 60% de Cisjordania donde se concentran los principales acuíferos.
La organización de derechos humanos ONU-OCHA documentó que entre 2000 y 2012, Israel rechazó o dejó sin respuesta el 96% de las solicitudes palestinas de proyectos de infraestructura hídrica en Zona C. Noventa y seis de cada cien. No por falta de agua. No por inviabilidad técnica. Por decisión política ejercida a través de un mecanismo que se llamó "cooperación".
La organización jurídica palestina Al-Haq ha documentado en detalle cómo este sistema convierte el derecho humano al agua en una licencia que el ocupante puede conceder o denegar según convenga. El resultado es que los palestinos no pueden construir un pozo, tender una tubería ni instalar una cisterna en el 60% de su propio territorio sin permiso israelí. Y ese permiso casi nunca llega.
La farsa de la "cooperación técnica"
Mientras las solicitudes palestinas se acumulan sin respuesta, el mismo JWC aprueba con fluidez las conexiones hídricas de las colonias israelíes en Zona C — asentamientos declarados ilegales por el derecho internacional bajo el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.
La empresa pública israelí Mekorot tiende tuberías hacia esas colonias sin pasar por el JWC. El "comité técnico conjunto" existe para bloquear el desarrollo palestino, no para regular el israelí. Amnistía Internacional describió este mecanismo en su informe Troubled Waters como un sistema estructuralmente diseñado para perpetuar la desigualdad, no para gestionarla.
Treinta años después de Oslo, el "acuerdo provisional" sigue vigente. La "cooperación" sigue funcionando. Y el agua sigue fluyendo hacia un lado de la colina.
🚧 Demoler para secar: la destrucción sistemática de infraestructura hídrica
Los números que el New York Times no publicó
Cada año, ONU-OCHA publica sus informes de protección sobre Cisjordania. En ellos, entre datos de desplazamientos, demoliciones de viviendas y restricciones de movimiento, aparece una categoría que rara vez llega a los titulares occidentales: demoliciones de infraestructura hídrica.
Solo en 2022, más de 50 estructuras hídricas fueron demolidas o dañadas en Cisjordania: cisternas, tuberías, depósitos, pozos. En 2023, el ritmo se aceleró. Las demoliciones se concentran en comunidades beduinas y agrícolas de Zona C — las mismas zonas donde Israel niega los permisos de construcción que luego usa como justificación para demoler.
El ciclo es perfecto en su crueldad: necesitas permiso para construir, el permiso no llega, construyes sin él, te lo demolemos. B'Tselem, la organización israelí de derechos humanos, lleva décadas documentando este patrón con coordenadas, fechas y fotografías. La lógica no es administrativa. Es de expulsión.
La cisterna como acto de resistencia (y su castigo)
En las comunidades rurales palestinas de la Zona C, una cisterna de recogida de agua de lluvia no es una comodidad. Es la diferencia entre quedarse o marcharse.
Oxfam documentó en su informe sobre la crisis hídrica en los territorios palestinos ocupados que las familias sin acceso a red hídrica compran agua a camiones cisterna privados a un precio que puede llegar a ser diez veces superior al que pagan los colonos israelíes conectados a Mekorot. Cuando una familia palestina invierte sus ahorros en construir una cisterna y el ejército israelí llega a demolerla, no está aplicando un reglamento de construcción. Está destruyendo la economía familiar y la posibilidad de permaneencia.
En la región de South Hebron Hills, comunidades como las de Masafer Yatta han visto sus cisternas demolidas dos, tres y hasta cuatro veces. En mayo de 2022, la Corte Suprema israelí avaló la expulsión de ocho comunidades enteras de la zona. El agua — o su ausencia — es parte del argumento para declarar un territorio "inutilizable" para los palestinos.
Gaza: el acuífero envenenado
El caso de Gaza es el extremo lógico de todo lo anterior, acelerado por el bloqueo y por diecisiete años de asedio.
El Acuífero Costero de Gaza es la única fuente de agua subterránea del territorio. En 2012, la ONU advirtió que Gaza sería "inhabitable" en 2020 si no se revertía la tendencia. No se revirtió. Para 2023, el 97% del agua del acuífero costero no era apta para consumo humano, según datos de ONU-OCHA y UNICEF.
Las causas son múltiples y sistémicas: la sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión de agua salada del Mediterráneo. Las aguas residuales sin tratar — consecuencia directa del bloqueo, que impide importar los materiales necesarios para reparar y ampliar las plantas de tratamiento — se filtran al subsuelo. Cada bombardeo israelí sobre Gaza desde 2008 ha destruido partes de la red hídrica y de saneamiento. Cada reconstrucción parcial ha sido interrumpida por el siguiente ciclo de violencia.
UNICEF documentó que en la franja de Gaza, antes del 7 de octubre de 2023, el consumo diario de agua por persona había caído a menos de 15 litros en las zonas más afectadas. La OMS recomienda 100 como mínimo. Tras los bombardeos de 2023-2024, la infraestructura hídrica de Gaza quedó destruida en más de un 70%, según evaluaciones preliminares de organismos de la ONU. No murieron de sed de manera abstracta. Murieron de deshidratación, de enfermedades transmitidas por agua contaminada, de heridas sin posibilidad de tratamiento por falta de agua estéril.
📊 La aritmética del apartheid hídrico
Los números que lo dicen todo
Los datos de consumo hídrico en Cisjordania no son opinión ni interpretación. Son cifras documentadas por B'Tselem, Amnistía Internacional y la propia OMS. Y son, por sí solas, más elocuentes que cualquier análisis:
| Población | Consumo diario per cápita | Relación con mínimo OMS |
|---|---|---|
| Colonos israelíes en Cisjordania | ~369 litros | 3,7 veces el mínimo |
| Ciudadanos israelíes (línea verde) | ~247 litros | 2,5 veces el mínimo |
| Mínimo recomendado por la OMS | 100 litros | Referencia |
| Palestinos en Cisjordania | ~73 litros | 27% por debajo del mínimo |
| Palestinos en Gaza (pre-2023) | ~15 litros (zonas críticas) | 85% por debajo del mínimo |
La diferencia entre un colono israelí y un palestino que vive a kilómetros de distancia, sobre el mismo acuífero, es de 296 litros diarios por persona. En verano, cuando los colonos llenan piscinas y riegan jardines, la brecha se amplía aún más. Esta no es la geografía del agua. Es la geografía del poder.
Mekorot: la empresa estatal que abastece colonias ilegales
Mekorot es la compañía nacional israelí de agua. Gestiona el suministro hídrico dentro de Israel y, con la misma naturalidad, tiende sus tuberías hacia las colonias israelíes en Cisjordania — territorios que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y prácticamente todo el derecho internacional consideran ilegalmente ocupados.
Amnistía Internacional documentó en Troubled Waters que durante períodos de escasez, Mekorot redujo el suministro a comunidades palestinas para mantener el flujo hacia las colonias. No como excepción. Como patrón. Human Rights Watch registró cortes específicos en el sur de Cisjordania durante el verano de 2016, cuando pueblos palestinos pasaron semanas sin agua mientras las colonias cercanas mantenían sus conexiones.
El negocio de Mekorot no se detiene en los territorios ocupados. La base de datos Who Profits, que rastrea la complicidad corporativa en la ocupación, ha identificado a múltiples empresas europeas y norteamericanas que suministran tecnología e infraestructura a Mekorot. Durante años, el Banco Europeo de Inversiones financió proyectos de la empresa hasta que la presión de organizaciones civiles forzó una revisión de esas relaciones.
"Escasez natural": el eufemismo favorito
El discurso dominante — en medios occidentales, en comunicados diplomáticos, incluso en algunos informes técnicos — enmarca el problema hídrico palestino como una cuestión de escasez regional. El Oriente Medio es árido. El cambio climático presiona. Las necesidades son muchas. Ambas partes sufren.
Es una mentira técnicamente empaquetada.
El Banco Mundial señaló en su evaluación de 2009 que las restricciones al sector hídrico palestino son artificiales, no naturales. El acuífero montañoso tiene agua. El acuífero costero la tuvo. El problema no es la disponibilidad: es a quién se le permite acceder. Jordania, un país más árido que los territorios palestinos, garantiza a sus ciudadanos más litros diarios por persona que los que Israel permite a los palestinos de Cisjordania.
Y el argumento del milagro tecnológico israelí — el riego por goteo, la desalación — tiene un reverso que nunca se menciona: esas innovaciones están disponibles para los ciudadanos israelíes y para los colonos. Para los palestinos bajo ocupación, la misma tecnología es inaccesible porque la infraestructura que la haría posible no puede construirse sin el permiso que Israel no otorga.
🌍 El doble estándar: cuando el agua es un arma de guerra solo si la usa el enemigo
Ucrania: cuando cortar el agua sí es un crimen de guerra
En 2022, cuando las fuerzas rusas atacaron infraestructura hídrica en ciudades ucranianas, la respuesta occidental fue unánime e inmediata. La Unión Europea, Estados Unidos y el propio Consejo de Seguridad de la ONU catalogaron esos ataques como posibles crímenes de guerra. Los relatores especiales de Naciones Unidas emitieron comunicados urgentes. Los medios de comunicación abrieron telediarios con imágenes de tuberías rotas y hospitales sin agua.
Tenían razón en hacerlo. Atacar infraestructura civil hídrica en tiempo de guerra viola el derecho internacional humanitario. Es un crimen.
Lo que ocurre es que es el mismo crimen que Israel lleva décadas cometiendo en los territorios palestinos. Con la diferencia de que ningún gobierno occidental ha catalogado las demoliciones de cisternas palestinas como crimen de guerra. Ningún telediario europeo ha abierto con imágenes de las excavadoras israelíes destruyendo depósitos de agua en la Zona C. El relator especial de la ONU para el derecho humano al agua, Pedro Arrojo, sí lo ha hecho: señaló explícitamente que la situación hídrica en los territorios palestinos ocupados constituye una violación grave y sistemática del derecho humano al agua.
El manual de los dobles estándares hídricos
| Caso | Acción documentada | Respuesta occidental | Calificación |
|---|---|---|---|
| Rusia / Ucrania (2022) | Ataques a infraestructura hídrica en ciudades | Condena unánime, investigación por crímenes de guerra | Crimen de guerra |
| ISIS / Siria-Irak (2014-17) | Toma de presas, corte de suministro a poblaciones civiles | Condena como terrorismo, respuesta militar internacional | Terrorismo |
| Siria / Alepo (2016) | Corte de agua a la ciudad durante el asedio | Condena de la ONU, múltiples comunicados de crimen de guerra | Crimen de guerra |
| Israel / Cisjordania (1995-presente) | Control estructural de acuíferos, demolición de cisternas, veto a infraestructura | Silencio institucional, financiación continuada a Mekorot | "Disputa técnica" |
| Israel / Gaza (2007-presente) | Bloqueo que impide reconstruir infraestructura hídrica, destrucción en ofensivas militares | Informes de ONG ignorados, apoyo político continuado | "Medidas de seguridad" |
El patrón no necesita interpretación. Lo que define si el control del agua es un crimen o una medida de seguridad no es el derecho internacional. Es quién lo hace.
La complicidad activa: quién financia y quién mira
La base de datos Who Profits ha documentado la cadena de complicidades corporativas que sostiene la infraestructura hídrica de la ocupación. Empresas europeas han suministrado tecnología y equipamiento a Mekorot. El Banco Europeo de Inversiones mantuvo líneas de financiación con la empresa hasta que la presión de organizaciones de la sociedad civil forzó revisiones formales de esas relaciones.
La complicidad no siempre es activa. A veces es simplemente la decisión de no aplicar a un aliado los mismos criterios que se aplican a un adversario. Cuando Rusia destruye una tubería en Járkov, hay titulares, hay resoluciones, hay sanciones. Cuando Israel destruye una cisterna en Masafer Yatta, hay un informe mensual de ONU-OCHA que nadie lee y una nota diplomática que nadie firma.
⚖️ El derecho que no se aplica: agua, ocupación y derecho internacional
Lo que dice el derecho internacional (y se ignora)
En julio de 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 64/292, que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Ciento veintidós países votaron a favor. Entre los que se abstuvieron: Estados Unidos y varios aliados europeos. Israel no votó a favor.
Pero más allá de esa resolución, el marco jurídico de la ocupación ya era claro antes. El Reglamento de La Haya de 1907 y el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 establecen que una potencia ocupante no puede explotar los recursos naturales del territorio ocupado en beneficio propio. Israel extrae agua del Acuífero Montañoso para consumo de sus ciudadanos y de las colonias. Eso no es solo moralmente cuestionable: es una violación directa del derecho de ocupación que el mundo lleva décadas ignorando.
La organización jurídica Al-Haq ha documentado de manera sistemática cómo el sistema hídrico en Cisjordania cumple todos los criterios legales de explotación ilícita de recursos bajo ocupación. El análisis existe. La voluntad política de actuar sobre él, no.
La Corte Internacional de Justicia en 2024: el punto de no retorno legal
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió su Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados. El tribunal determinó que la ocupación israelí continuada es ilegal bajo el derecho internacional y que Israel tiene la obligación de ponerle fin.
Entre los fundamentos de esa conclusión, la CIJ señaló explícitamente la explotación de los recursos naturales del territorio ocupado — incluida el agua — en beneficio de Israel y de sus colonos. No como detalle secundario: como uno de los elementos que configuran la ilegalidad de la ocupación prolongada.
La consecuencia lógica es que Israel debe cesar esa explotación, permitir el libre desarrollo de la infraestructura hídrica palestina y reparar los daños causados. Desde julio de 2024, ningún gobierno occidental ha tomado una sola medida concreta en esa dirección. La CIJ habló. El mundo siguió como si no hubiera pasado nada.
🔎 Reflexión final: la ingeniería de la expulsión
Volvamos al principio. El colono con su piscina. La familia con sus 20 litros. La cisterna demolida por segunda vez. El acuífero que ya no da agua potable.
Esto no es el resultado de la aridez del Mediterráneo oriental. No es un efecto secundario de la ocupación. Es su infraestructura. El control del agua es uno de los mecanismos a través de los cuales se hace inviable la permanencia de la población palestina en su propio territorio. Sin agua no puedes cultivar. Sin cultivo no puedes subsistir. Sin posibilidad de subsistencia, te marchas. Y cuando te marchas, ya hay alguien esperando la tierra.
La "solución de dos estados" — el mantra diplomático que Occidente repite desde Oslo — se vuelve cada vez más imposible no solo por los asentamientos que dividen el territorio, sino porque la infraestructura hídrica ha sido diseñada durante tres décadas para hacer inviable cualquier Estado palestino independiente. No se puede construir una economía, una agricultura, una ciudad, sobre un acuífero al que no tienes acceso y cuya infraestructura puede ser demolida en cualquier momento.
El mismo doble rasero que aplica al agua aplica a la tierra, a la electricidad, a los permisos de construcción, al movimiento. El mapa de la indignación internacional tiene la forma exacta del mapa de los intereses estratégicos. Y esa coincidencia no es accidental.
Si Irán o Rusia hubieran demolido 50 cisternas en un año, controlado el 80% de los acuíferos de un pueblo vecino y bloqueado durante décadas la construcción de cualquier infraestructura hídrica, ¿cuántos titulares habría? ¿Cuántas sanciones? ¿Cuántas sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad? La pregunta no es retórica. Es la prueba.
💬 ¿Qué opinas tú?
¿Sabías que el acceso al agua en Cisjordania está regulado por un acuerdo de 1995 pensado como transitorio que lleva tres décadas vigente, sin que ningún gobierno haya forzado su revisión?
¿Crees que el control hídrico sistemático sobre una población civil debería ser perseguido como crimen de guerra con independencia de quién lo practique?
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